El 24 de marzo es una fecha que difícilmente pueda ser olvidada por los argentinos. Esa fecha, en 1976, marcó el inicio de la dictadura cívico militar. A través de los recursos estatales y con complicidad civil intentaría instaurar un orden beneficioso para ciertos sectores privilegiados en detrimento de amplias mayorías. Buscaría su legitimidad en la necesidad de la “lucha contra la subversión”, que se revelaría como “terrorismo de Estado”. Esta dictadura que hacía flamear el pabellón nacional, pero respondía a los intereses del “Plan Cóndor”, llevaría adelante un genocidio contra la población que se había arrogado el derecho de representar.
Durante los 41 años que transcurrieron, los 24 de marzo fueron sumando nuevos elementos para recordar. Hace 40 años, Rodolfo Walsh escribía la “Carta abierta a la Junta Militar”, último acto público de valentía que le costaría la vida. Desde el retorno del orden democrático, organizaciones sociales y políticas acompañarían a los organismos de Derechos Humanos en su reclamo que, una vez realizado el histórico Juicio a las Juntas, atravesaría largos años y distintos gobiernos a la sombra de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y del desinterés oficial en la materia, sin claudicar nunca.
En 2002, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.633, instaurando el 24 de marzo de todos los años como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que cuatro años después se convertiría en no laborable. Los Derechos Humanos progresivamente se instalaron como política de Estado. Las leyes que impedían continuar con los juicios fueron derogadas y en todos los niveles educativos se incluyeron contenidos sobre esa etapa nefasta de la historia argentina. Quienes habían resistido, ahora podían ser parte de la construcción de políticas públicas.
Este 24 de marzo, la sociedad, sus organizaciones, y los organismos de Derechos Humanos, vuelven a manifestarse. Conscientes de que el pueblo no puede olvidar esa fecha, la mayor preocupación es su banalización y la tergiversación de lo ocurrido. Que algunas consignas tengan que explicitar que las víctimas son 30.000 y que se trató de un genocidio marcan el intento de avance de posiciones que intentan revertir las conquistas en materia de Derechos Humanos. Para quienes luchamos cotidianamente contra el negacionismo del Estado turco, advertimos que éste, en reiteradas ocasiones y ante el innegable acto genocida perpetrado entre 1915 y 1923, reduce las cifras, relativiza lo ocurrido y lo enmarca en la Primera Guerra Mundial, culpa a las víctimas, y otros mecanismos.
Desde el CNA entendemos que es imprescindible desde el Estado desterrar las posiciones negacionistas, no solamente operando cuando toman carácter público, sino a través de medidas de gobierno. La ratificación de que para Argentina los Derechos Humanos son política de Estado puede expresarse fortaleciendo el trabajo de los organismos que desde hace décadas desarrollan esta lucha, con la recuperación de políticas educativas nacionales en materia de memoria y el financiamiento acorde a las necesidades e importancia de los Sitios de Memoria. Este 24 de marzo, la sociedad ratifica que no está dispuesta a retroceder y que seguirá construyendo la memoria, la verdad y la justicia.